LIC. ALFONSO FARRERA GONÁLEZ
PRESIDENTE DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS CRISTIANOS
P r e s e n t e.
El pasado 8 de diciembre del 2006, mi esposo Héctor Cruz Mosqueda, maestro de primaria, salió de su trabajo en compañía del director de la escuela, Luis Fernando Rodríguez Salinas, y se trasladaron de la comunidad de Vista Hermosa al municipio de Ometepec, en el Estado de Guerrero.
Cinco hombres, vestidos de civil, que se identificaron como agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los detuvieron y los pasearon por varias horas a bordo de una camioneta.
Poco después dejaron ir a Rodríguez Salinas, pero mi esposo, de 58 años de edad, quedó detenido y fue trasladado a una “casa de arraigo” de la Ciudad de México.
Dos días después, un Agente del Ministerio Público Federal me informó que mi marido estaba acusado de “secuestro y delincuencia organizada”.
En el transcurso a la capital del país, fue torturado física y psicológicamente por los agentes, quienes le echaron agua mineral por la nariz y le pegaron en varias partes del cuerpo. Yo misma constaté la equimosis, edema faciales y en otras partes del cuerpo, así como las conjuntivas muy rojas, lo cual puedo certificar en mi calidad de médico.
A pesar de la tortura, las amenazas y los golpes, no se declaró culpable, porque no lo es. Está privado de su libertad en el Reclusorio Norte.
Mis 3 hijos han tenido que dejar sus respectivos estudios profesionales. Yo tengo que estar trasladándome hasta dos veces a la semana a la Ciudad de México para poder verlo, pues vivimos desde hace 21 años en Ometepec, Guerrero.
La PGR basa sus acusaciones en el testimonio de una sola persona. Inculpa a mi cónyuge de haber secuestrado a un joven que ni siquiera conocemos. Sin embargo, el día de los hechos, en realidad mi esposo estaba en un curso, con más de 30 profesores, quienes pueden dar fe de esto.
Tenemos 30 años de vivir en Ometepec y nos conoce muy bien la comunidad. No tenemos más propiedades que una casa y dos automóviles que adquirimos en mensualidades.
Somos una familia cristiana evangélica, sin militancia ni filiación política. Contamos con la solidaridad de miles de vecinos en el municipio que están dispuestos a dar cuenta de que la autoridad comete una grave injusticia en la persona de Héctor Cruz Mosqueda.
Exigimos al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al Abogado de la Nación, Eduardo Medina Mora, que cumplan con su promesa de capturar delincuentes, no de fabricarlos, y menos con prácticas que ingenuamente creímos sepultadas.
ATENTAMENTE
DRA. MARÍA DE LOS ANGELES MIRANDA GUZMÁN
E-MAIL: gela59@hotmail.com
NICOLÁS BRAVO No. 8, BARRIO DEL CARMEN, OMETEPEC, GRO.
TEL: (01) 741-41-201-26
CEL: (01) 741-100-66-07
LIC. ALFONSO FARRERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS CRISTIANOS
JORGE ZACARÍAS MOLINA, en mi carácter de pastor evangélico de la Iglesia Roca de Salvación, ubicada en la comunidad de Tenguecho, Municipio de Tangancícuaro, de esta Entidad, domicilio conocido, me presento para recibir documentación en este mismo sitio, comparezco de manera respetuosa para exponer los siguientes
HECHOS
Soy propietario de un terreno de 12 metros de largo por 6 metros de ancho, ubicado en la localidad antes citada, el cual cercamos con tela de alambre y pusimos unas lonas con el fin de llevar a cabo nuestros servicios religiosos a partir de este mismo mes.
El pasado miércoles 13 de junio, aproximadamente a las 21:00 horas, el C. Margarito Reyes Ignacio, quien funge como “encargado del orden” (autoridad) en este poblado comenzó, a través del sonido local, a convocar a los habitantes para que ellos demostraran su inconformidad “en contra de los cristianos evangélicos”, ya que acabábamos de inaugurar nuestro centro del culto.
En unos minutos, al menos 32 vecinos de la localidad se presentaron a las afueras de nuestro templo, mientras que el C. Reyes Ignacio, comenzó a incitarlos para que, entre todos, destruyeran el local y nos agredieran verbalmente, cosa de que se cumplió de inmediato.
Primeramente, destruyeron la cerca de metal, acto seguido rociaron gasolina a las lonas que habíamos colocado en el techo, causando además daños a un vehículo de mi propiedad. En menos de 20 minutos el fuego consumió en su totalidad la construcción que teníamos para llevar a cabo nuestras reuniones religiosas.
Después de dar parte a la autoridad municipal en Tangancícuaro, el viernes 15 de este mes, se presentaron en el lugar de los hechos, autoridades encabezadas por el Síndico Municipal, Lic. José Alfaro Contreras, para dar fe de la situación y dialogar con los agresores.
Nuevamente, el C. Reyes Ignacio convocó, a través del sonido local, ubicado en la escuela primaria “Francisco Villa”, a la población a expulsar a las autoridades y “mostrar su desacuerdo en contra de los cristianos evangélicos”, incluyendo a los niños de este centro educativo federal.
Los vecinos, a quienes conocemos y ubicamos perfectamente, volvieron a agredirnos verbalmente y a intimidarnos por razón de nuestro credo religioso.
El lunes 18 de este mismo mes, nuevamente, Reyes Ignacio convocó por el sonido local a los vecinos a expulsarnos de nuestra comunidad y a recabar firmas de los “inconformes”, señalando textualmente: “pasen a firmar todos los que han participado en esta fiesta” (la quema de nuestro templo) y a expulsarnos por el sólo hecho de no ser católicos, como la mayoría de quienes habitamos en este lugar.
Denunciamos penalmente por los delitos de:
DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA
ABUSO DE AUTORIDAD
INCITACIÓN A LA VIOLENCIA
AMENAZAS
Y LOS QUE RESULTEN
al C. Margarito Reyes Ignacio y a 32 personas más, quienes participaron en estos hechos.
Hacemos responsables de mi integridad física y de 32 personas más, así como de 24 niños, quienes manifestamos libremente ser cristianos evangélicos, ciudadanos mexicanos, a las personas involucradas, así como el daño que puedan sufrir nuestras propiedades.
Manifestamos que estos delitos son producto exclusivamente de diferencias religiosas entre cristianos evangélicos y católicos, por lo que exigimos el pago inmediato de los daños que creemos ascienden a 30 mil pesos.
Hemos sido amenazados constantemente de ser expulsados de la comunidad si no pagamos 300 pesos por familia, para la fiesta católica del pueblo, lo cual viola nuestras garantías constitucionales y nuestros derechos humanos.
Anexamos fotografías tomadas el jueves 14 de este año, donde se da cuenta de los daños que citamos, así como una lista con nombres y apellidos de las personas que participaron en estos hechos.
PRESIDENTE DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS CRISTIANOS
P r e s e n t e.
El pasado 8 de diciembre del 2006, mi esposo Héctor Cruz Mosqueda, maestro de primaria, salió de su trabajo en compañía del director de la escuela, Luis Fernando Rodríguez Salinas, y se trasladaron de la comunidad de Vista Hermosa al municipio de Ometepec, en el Estado de Guerrero.
Cinco hombres, vestidos de civil, que se identificaron como agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los detuvieron y los pasearon por varias horas a bordo de una camioneta.
Poco después dejaron ir a Rodríguez Salinas, pero mi esposo, de 58 años de edad, quedó detenido y fue trasladado a una “casa de arraigo” de la Ciudad de México.
Dos días después, un Agente del Ministerio Público Federal me informó que mi marido estaba acusado de “secuestro y delincuencia organizada”.
En el transcurso a la capital del país, fue torturado física y psicológicamente por los agentes, quienes le echaron agua mineral por la nariz y le pegaron en varias partes del cuerpo. Yo misma constaté la equimosis, edema faciales y en otras partes del cuerpo, así como las conjuntivas muy rojas, lo cual puedo certificar en mi calidad de médico.
A pesar de la tortura, las amenazas y los golpes, no se declaró culpable, porque no lo es. Está privado de su libertad en el Reclusorio Norte.
Mis 3 hijos han tenido que dejar sus respectivos estudios profesionales. Yo tengo que estar trasladándome hasta dos veces a la semana a la Ciudad de México para poder verlo, pues vivimos desde hace 21 años en Ometepec, Guerrero.
La PGR basa sus acusaciones en el testimonio de una sola persona. Inculpa a mi cónyuge de haber secuestrado a un joven que ni siquiera conocemos. Sin embargo, el día de los hechos, en realidad mi esposo estaba en un curso, con más de 30 profesores, quienes pueden dar fe de esto.
Tenemos 30 años de vivir en Ometepec y nos conoce muy bien la comunidad. No tenemos más propiedades que una casa y dos automóviles que adquirimos en mensualidades.
Somos una familia cristiana evangélica, sin militancia ni filiación política. Contamos con la solidaridad de miles de vecinos en el municipio que están dispuestos a dar cuenta de que la autoridad comete una grave injusticia en la persona de Héctor Cruz Mosqueda.
Exigimos al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al Abogado de la Nación, Eduardo Medina Mora, que cumplan con su promesa de capturar delincuentes, no de fabricarlos, y menos con prácticas que ingenuamente creímos sepultadas.
ATENTAMENTE
DRA. MARÍA DE LOS ANGELES MIRANDA GUZMÁN
E-MAIL: gela59@hotmail.com
NICOLÁS BRAVO No. 8, BARRIO DEL CARMEN, OMETEPEC, GRO.
TEL: (01) 741-41-201-26
CEL: (01) 741-100-66-07
LIC. ALFONSO FARRERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS CRISTIANOS
JORGE ZACARÍAS MOLINA, en mi carácter de pastor evangélico de la Iglesia Roca de Salvación, ubicada en la comunidad de Tenguecho, Municipio de Tangancícuaro, de esta Entidad, domicilio conocido, me presento para recibir documentación en este mismo sitio, comparezco de manera respetuosa para exponer los siguientes
HECHOS
Soy propietario de un terreno de 12 metros de largo por 6 metros de ancho, ubicado en la localidad antes citada, el cual cercamos con tela de alambre y pusimos unas lonas con el fin de llevar a cabo nuestros servicios religiosos a partir de este mismo mes.
El pasado miércoles 13 de junio, aproximadamente a las 21:00 horas, el C. Margarito Reyes Ignacio, quien funge como “encargado del orden” (autoridad) en este poblado comenzó, a través del sonido local, a convocar a los habitantes para que ellos demostraran su inconformidad “en contra de los cristianos evangélicos”, ya que acabábamos de inaugurar nuestro centro del culto.
En unos minutos, al menos 32 vecinos de la localidad se presentaron a las afueras de nuestro templo, mientras que el C. Reyes Ignacio, comenzó a incitarlos para que, entre todos, destruyeran el local y nos agredieran verbalmente, cosa de que se cumplió de inmediato.
Primeramente, destruyeron la cerca de metal, acto seguido rociaron gasolina a las lonas que habíamos colocado en el techo, causando además daños a un vehículo de mi propiedad. En menos de 20 minutos el fuego consumió en su totalidad la construcción que teníamos para llevar a cabo nuestras reuniones religiosas.
Después de dar parte a la autoridad municipal en Tangancícuaro, el viernes 15 de este mes, se presentaron en el lugar de los hechos, autoridades encabezadas por el Síndico Municipal, Lic. José Alfaro Contreras, para dar fe de la situación y dialogar con los agresores.
Nuevamente, el C. Reyes Ignacio convocó, a través del sonido local, ubicado en la escuela primaria “Francisco Villa”, a la población a expulsar a las autoridades y “mostrar su desacuerdo en contra de los cristianos evangélicos”, incluyendo a los niños de este centro educativo federal.
Los vecinos, a quienes conocemos y ubicamos perfectamente, volvieron a agredirnos verbalmente y a intimidarnos por razón de nuestro credo religioso.
El lunes 18 de este mismo mes, nuevamente, Reyes Ignacio convocó por el sonido local a los vecinos a expulsarnos de nuestra comunidad y a recabar firmas de los “inconformes”, señalando textualmente: “pasen a firmar todos los que han participado en esta fiesta” (la quema de nuestro templo) y a expulsarnos por el sólo hecho de no ser católicos, como la mayoría de quienes habitamos en este lugar.
Denunciamos penalmente por los delitos de:
DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA
ABUSO DE AUTORIDAD
INCITACIÓN A LA VIOLENCIA
AMENAZAS
Y LOS QUE RESULTEN
al C. Margarito Reyes Ignacio y a 32 personas más, quienes participaron en estos hechos.
Hacemos responsables de mi integridad física y de 32 personas más, así como de 24 niños, quienes manifestamos libremente ser cristianos evangélicos, ciudadanos mexicanos, a las personas involucradas, así como el daño que puedan sufrir nuestras propiedades.
Manifestamos que estos delitos son producto exclusivamente de diferencias religiosas entre cristianos evangélicos y católicos, por lo que exigimos el pago inmediato de los daños que creemos ascienden a 30 mil pesos.
Hemos sido amenazados constantemente de ser expulsados de la comunidad si no pagamos 300 pesos por familia, para la fiesta católica del pueblo, lo cual viola nuestras garantías constitucionales y nuestros derechos humanos.
Anexamos fotografías tomadas el jueves 14 de este año, donde se da cuenta de los daños que citamos, así como una lista con nombres y apellidos de las personas que participaron en estos hechos.
Quiero ampliar mi denuncia acusando también al C. Margarito Reyes Ignacio, por el delito de extorsión y los que resulten por los siguientes
HECHOS
El pasado 3 de julio falleció la C. Benedicta Clemente Miguel, quien pertenecía a una familia cristiana evangélica en la comunidad de Tenguacho.
Margarito Reyes Ignacio, autoridad del orden, exigió a los familiares el pago obligatorio de 10 mil pesos, para permitir sepultarla en el panteón de la localidad. Sin dar explicación alguna, argumentando que “los cristianos no teníamos los mismos derechos que los católicos”.
Guadalupe Miguel Clemente, familiar de la difunta, debió pagar dos mil pesos de “MULTA” para tal efecto, ante el riesgo de que el cadáver comenzar su proceso de putrefacción, lo que constituye un peligro sanitario.
Finalmente, Reyes Ignacio, extendió un recibo “por concepto de apoyo o cooperación del templo (católico) de la comunidad de Tenguecho”, por dos mil pesos, copia del cual anexo.
ATENTAMENTE
PASTOR
JORGE ZACARÍAS MOLINA
10 de julio del 2007
10 de julio del 2007
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